El Gobierno de Venezuela denunció la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), paso necesario dejar oficialmente esa instancia en abril de 2019. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, respondió con un acuerdo aprobado por la mayoría parlamentaria en el que solicitó al organismo no aceptar la salida por considerarla inconstitucional. No hay consenso en los expertos consultados sobre si el documento legislativo puede detener la decisión del Poder Ejecutivo.
El exdiplomático venezolano Gerson Revanales dejó ver que no cree que el documento parlamentario pueda revertir la decisión presidencial. “El artículo 152 de la Constitución establece el presidente dirige las relaciones internacionales; las facultades de la AN son solo aprobar los tratados parábola. La AN no tiene constitucionalmente facultad para impedir la denuncia. Esto es una deficiencia dela Constitución”, indicó.
El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Los Andes, Vladimir Aguilar, tiene una visión contraria. “En principio sí podría, por tratarse de una carta fundacional de un organismo del que Venezuela es parte y del que se hizo parte mediante un acuerdo aprobado por el Parlamento. Además, el sistema interamericano prevé normas y mecanismos de protección de derechos humanos que amplían los derechos consagrados en el ámbito doméstico y que entran en el ordenamiento jurídico por vía del artículo 23 de la Constitución”, explicó.
El exdiplomático venezolano Alfredo Michelena comparte de cierta la forma la opinión de Aguilar. “La respuesta no es simple. Esto no está expresamente dicho en la Constitución. De allí en adelante, es cuestión de interpretación. Para mí, que no soy abogado, si se debe solicitar la aprobación de la AN para que sea válido cualquier contrato o convenio de interés nacional, la lógica diría que para hacer lo contrario también se necesita del Parlamento. Pero el tema se vuelve político. Sí está claro que la AN debe tratar de evitar la salida de Venezuela de la OEA”, expresó.
Ante estas posiciones, surge la duda de qué busca el Parlamento al intentar bloquear el retiro del país de la organización hemisférica.
“Es importante entender que por una contingencia política no se puede tomar una decisión que revista consecuencias jurídicas, sobre todo si no está apegada a derecho. Por otra parte, no hay ningún otro mecanismo, con todas sus imperfecciones y tareas pendientes, distinto a la OEA, que garantice la protección de los derechos humanos, ni a nivel de Naciones Unidas ni en las nuevas instancias de integración regional”, señaló Aguilar.
“La AN debe dar la pelea para seguir mostrando evidencias del carácter del régimen, algo que sí es efectivo. Basta recordar que por solicitud de la AN Almagro hizo su informe y se invocó la Carta Democrática Interamericana. La AN quizás no detenga la salida de Venezuela de la OEA, pero hará que el régimen pague el mayor costo internacional posible”, comentó Michelena.
Venezuela entregó el 28 de abril al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la carta firmada por el presidente Nicolás Maduro en la que denuncia la carta fundacional de la organización hemisférica para salir de ella.
La decisión de retirarse de la OEA fue la consecuencia de que el Consejo Permanente del ente decidió el 26 de abril convocar una reunión de cancilleres del hemisferio para analizar la crisis venezolana. Esto contó con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia (Grenada). Caracas cumplía así con la amenaza que hizo justamente para tratar de evitar la medida.
El artículo 143 de la carta de la OEA establece para denunciar el documento se entregará una misiva “escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba”. Deja claro que el retiro de hará efectivo dos años después, aunque en ese lapso el Estado debe cumplir con las obligaciones del texto fundacional.
La mayoría opositora de la AN aprobó el 3 de mayo un acuerdo que declara inconstitucional y nulo la carta que envió Maduro a la Secretaría General de la organización hemisférica para salir de ella. Borges lo entregó a Almagro en Washington el 4 de mayo.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió esta acción el viernes 5 de mayo. A través de su cuenta de Twitter acusó al presidente del Parlamento del país de intentar usurpar funciones del presidente de la República y lo amenazó con actuar en su contra.
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